martes , 24 noviembre 2020

Denunciaron ante la OEA ataques contra la libertad de prensa

Un grupo de periodistas pidió que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos envíe una misión al país. Dura crítica de Garré

Los periodistas que viajaron a los Estados Unidos para presentarse ante el órgano de consulta de la Organización de Estados Americanos fueronJoaquín Morales SoláMagdalena Ruiz GuiñazúNelson CastroLuis Majul,Alfredo LeucoMariano Obarrio y José «Pepe» Eliaschev. Los dos primeros expusieron en la audiencia.

El encuentro se anticipaba reñido por las duras críticas de la embajadora argentina ante la OEA, Nilda Garré, quien escribió en su muro de Facebook: «La propaganda opositora vuelve a la carga para tratar de imponer de facto lecturas inconcebibles». Por momentos lo fue.

La primera en hablar fue Ruiz Guiñazú. Recordó el «juicio ético» de Hebe de Bonafini  («una parodia de una Justicia irregular creada por personas sin mandato») y los afiches contra varios comunicadores colocados en una marcha a favor de la Ley de Medios.

«Fui acusada falsamente de haber sido jefa de prensa del Ministerio de Economía durante la dictadura», se quejó. «El Gobierno no lo desautorizó, sino que lo apoyó con la participación de un funcionario. Y eso fue ampliamente difundido por la Televisión Pública«, protestó.

A su lado, Morales Solá leyó un documento, donde se asegura que «el Gobierno busca eliminar al periodista». «Podemos decir y escribir lo que pensamos, pero no trabajamos tranquilos. Siempre estamos esperando la represalia», sostuvo.

Entre las «consecuencias prácticas» de la situación denunciada, mencionó dos:«Nos cierran las puertas de acceso a la información y somos permanentemente insultados en la calle».

Por último, un representante de la Asociación por los Derechos Civilesreclamó «criterios objetivos y una regulación nacional, provincial y municipal para distribuir la publicidad oficial». También exigió que la pauta no sea usada como propaganda partidaria y pidió «reglas claras en el acceso a la información pública».

A su turno, el representante del Estado argentino, Javier Salgado, buscó matizar las ponencias de los periodistas con una serie de cuadros sobre el rol del país en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En ese sentido, dijo que Argentina «ha sido reconocida por esta misma Comisión y por la relatora de Derechos Humanos» y destacó que el país «es uno de los que más soluciones amistosas lograron en la Corte Interamericana» y que casi no enfrenta denuncias internacionales por violaciones a la libertad de expresión. Incluso subrayó que las peticiones contra la Nación «disminuyeron sensiblemente desde 2002».

También valoró la reforma a los delitos de calumnias e injurias. «Argentina fue más allá de lo ordenado por la Comisión Interamericana, que sólo pedía que se precise el alcance de la norma penal y no sólo suprimió la pena de prisión, sino que sacó esas figuras para los casos públicos», recordó.

Asimismo, destacó que en el seno de la OEA la Ley de Medios «ha sido considerada –abro comillas– ‘un importante avance’, ‘un gran paso’ y ‘un modelo'». Y mostró como un logro la declaración de interés público de la producción de papel de diario, la «ley de democratización de la representación política», y la norma que regula la actuación de la policía en las manifestaciones y prohíbe entorpecer la labor de la prensa.

«El Estado respeta el derecho a libre de expresión. Esta audiencia pública no tiene razón de ser», remató. Y aclaró que la comisión «sólo se puede invocar si los resortes internos no son eficaces, y aquí no hay proceso alguno relacionado con los casos presentados, salvo dos denuncias de Luis Majul».

Luego los relatores y representantes de la Comisión presentes hicieron una serie de preguntas. A los peticionantes les pidieron básicamente que abunden sobre dos cuestiones: por qué no hicieron presentaciones judiciales de los casos que denunciaron y si es el Estado o personas individuales los que critican su actuación.

Sin embargo, Ruiz Guiñazú y Morales Solá optaron por replicar la ponencia de los representantes del Estado y no a las preguntas. Salgado tampoco respondió «qué criterios usa para distribuir la pauta oficial».

Al tomar la palabra, Morales Solá reprochó: «Todos tienen derecho a la libertad de expresión, incluso los funcionarios. Lo que creemos es que no pueden difamar a los periodistas, ni los medios del Estado deben hacerlo. El problema es el Gobierno, no las organizaciones sociales«. Terminó diciendo: «El Gobierno reemplazó la condena penal por la pública, y yo prefiero la cárcel al odio y la difamación».

Mientras, desde la Asociación por los derechos civiles reclamaron «que el Poder Ejecutivo cumpla las sentencias de la Corte Suprema».

Por el Estado respondió Juan Ros. «Apelando a la digresión procesal de no contestar las peticiones, que rompe la regla de la audiencia, voy a hacer lo mismo», aclaró.

«El Estado tiene criterios para la distribución de publicidad oficial y cumple las sentencias que se imponen, y se compromete a enviar la documentación pertinente a esta Comisión», indicó.

También criticó a Morales Sola por decir que «el problema es el Gobierno», lo que le valió la interrupción del periodista, que terminó siendo retado por la Comisión.

Además, volvió a apelar a un cuadro para afirmar que «la publicidad pública es insignificante con relación a la privada» y para desmentir que la estatal crezca en tiempos electorales. En ese momento volvieron a llamar la atención de los periodistas por interrumpirlo. «Y por último, interpretamos que para que el Estado considere la situación denunciada debe registrarse en la Justicia que se ha sufrido, y esto no pasa en Argentina», terminó.  Fuente Infobae

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