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La jueza federal Marta Isabel Yañez investiga una denuncia de estafa contra el Sindicato de Petroleros y Gas Privado de Santa Cruz. Ante la existencia de numerosa prueba se espera una pronta resolución.
La titular del Juzgado Federal de Caleta Olivia debe investigar un presunto desvío de fondos en contra del sindicato y a favor de la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustible.
En la acusación, el principal responsable sería su ex secretario general, Alberto Roberti (ya fallecido), al igual que quien lo reemplaza en el cargo, Juan Antonio Miranda. Son sospechosos de haberse apropiado de fondos del sindicato, mientras estuvo intervenido por la Federación más de dos años entre 2011 y 2013.
La denuncia la realizó el actual secretario general del gremio santacruceño, Claudio Vidal, tras haber advertido un desvío injustificado de millonarios fondos correspondientes al sindicato, por parte de la Federación.
Como consecuencia de la investigación, Roberti y Miranda resultaron imputados por el delito de administración fraudulenta (art. 173 inc. 7 del CP). Los dos fueron indagados por la jueza el pasado 24 de abril.
Alberto Roberti falleció en mayo de este año luego de padecer una larga enfermedad. Era diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en representación del Frente Renovador y pesaban sobre él varias causas por corrupción.
Juan Antonio Miranda fue gobernador de Tucumán entre 1999 y 2002. Llegó a la conducción de la Federación a través de una agrupación petrolera de su provincia, con muy pocos adherentes, en alianza con Roberti, de quien era amigo. Le reemplazó cuando Roberti pidió una “licencia especial” hasta la culminación de su mandato, en 2020.
Roberti poseía una mansión ubicada en un country de la localidad de Hudson y, junto a su esposa Mónica López, era dueño de otras lujosas propiedades en La Plata y Pinamar, departamentos en Puerto Madero, dos studs en San Isidro y estancias cercanas a Gualeguaychú.
Visitó Caleta Olivia para inaugurar una clínica en un edificio ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen, que el Sindicato Petrolero de Santa Cruz reclamó como propio.
Tras la declaración de ambos en abril y a raíz de las distintas presentaciones de Vidal, se resolvió también ampliar las imputaciones a Carlos Omar Flaquier, Juan Oscar Barrientos, Armando Rubén Retamoso y Pablo Andrés Méndez, por considerarlos penalmente responsables de los mismos hechos.
Fueron citados por el Juzgado Federal de Caleta Olivia para brindar declaración indagatoria el día 14 de agosto, pero ninguno se presentó.
La prueba que se ha producido en el marco de esa causa es numerosa, por lo que se está ante la real expectativa de que en un corto plazo se dispongan los respectivos procesamientos en contra de los imputados.
Vidal asumió el rol de querellante particular en defensa del sindicato y también está solicitando que se dispongan nuevas imputaciones, tras advertir la participación de más personas en los hechos denunciados, los cuales han generado un grave perjuicio al sindicato.
(iF)Atras de Voz
