lunes , 11 diciembre 2017
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Denuncia penal contra Peralta por expropiación indebida

La Coalición Cívica ARI presentó una denuncia penal en el Juzgado de Río Gallegos contra quienes impulsaron hace un año la expropiación de los bienes del parque pesquero del Grupo Vieira en Puerto Deseado.

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La demanda formulada por la titular de ese partido en Santa Cruz, Mariana Zuvic, fue dirigida al gobernador Daniel Peralta; al ministro de la Producción, Rafael Gilmartin; al interventor de la factoría, Diego Marzioni y a un empresario de Caleta Olivia que aspiró a quedarse con todos los bienes de la empresa española, Luis Jones.
Zuvic los acusa de la presunta comisión de delitos de cohecho y hurto, así como de estafa, abuso de autoridad, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y encubrimiento, según la información publicada por el portal español Faro de Vigo.
El presidente del grupo empresario, Eduardo Vieira, declaró al mismo medio que confiaba en que esta denuncia sirviera para paralizar definitivamente el juicio de expropiación que acaba de iniciarse en la provincia.
Además, los trabajadores de Vieira Argentina permanecen encerrados en la fábrica en protesta contra la situación que atraviesan y reciben pagos en negro mensualmente, pero carecen de cobertura social.
La demanda se centra principalmente en Peralta, argumentando que el mismo dispuso “de manera arbitraria la intervención transitoria” de Vieira Argentina, nombró un interventor y “dispuso de los bienes como si le fueran propios, sin tener la debida posesión judicial”.
Incluso los denunciantes arremeten contra la decisión de la Provincia de alquilar una nave a la filial de Pescanova, Argenova, que desató la indignación de Vieira en enero de este mismo año.
“En todo este tiempo, y hasta la actualidad, los trabajadores se encuentran desamparados, sin obra social y cobrando de manera irregular un subsidio en negro”, reza la demanda, a la que ha tenido acceso el periódico digital español.

“COHECHO”
Por otro lado, la Coalición Cívica ARI cuestiona el acuerdo que hizo el gobierno provincial con el empresario Luis Jones, asegurando que el mismo recibió 500.000 dólares, indicando que “este hecho puede llegar a configurar el delito de cohecho”.
Asimismo, se recordó que un juzgado  de Buenos Aires instruye, de manera paralela, una demanda de Vieira contra la intervención. El alto tribunal argentino aprecia visos de inconstitucionalidad en la ley por la que se incautaron los siete barcos de Vieira (dos poteros y cinco tangoneros), así como la planta de frío y la planta procesadora.

El Patagonico

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