jueves , 12 diciembre 2019
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Decretaron la quiebra de OCA por deuda de $ 7.000 M

La Justicia desestimó el pedido de tres empresas para salvar a la compañía postal. La decisión judicial implica asegura la continuidad de la empresa.

 

Finalmente, la Justicia decretó la quiebra de OCA por una deuda de $ 7.000 millones al rechazar las propuestas de salvataje abriendo un nuevo proceso que permita la subasta de la empresa.

La medida fue dictada por el juez civil y comercial de Lomas de Zamora, Pablo Tejada, quien resolvió la quiebra con «continuidad de la actividad», lo cual permitirá abonar los salarios de los trabajadores de la empresa postal privada más grande del país.

El magistrado dispuso también la inhabilitación y prohibición de salir del país a Patricio Farcuh, quien hasta el momento era el presidente y cara visible de la compañía. En un comunicado, la empresa de correos informó que la resolución judicial «implica la plena continuidad en las prestaciones de servicios y de todos los procesos relacionados con la actividad diaria de OCA».

La firma es el mayor correo privado del país y tiene 6.800 empleados directos, de los cuales 6.000 están afiliados a Camioneros. Al conocerse la noticia, el propio el gremio que conduce Hugo Moyano pidió «tranquilidad» a los empleados porque podrán seguir trabajando hasta la venta de la compañía.

«Más que nunca debemos estar unidos compañeros, porque sabemos del firme compromiso del Juez de mantener las fuentes de trabajo», remarcó el sindicato. «OCA ha pasado por varias gestiones, pero nunca hubo una tan nefasta como esta última, que la condujo a la quiebra. Sin embargo sabemos que es la fuerza de los trabajadores, quienes verdaderamente le dan valor a la empresa», agregaron desde la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros.

La medida de Tejada llegó luego que la empresa presentara fallidamente tres planes de pagos ante la AFIP para evitar la quiebra, además de las propuestas a sus otros acreedores. En medios judiciales se explicó que las deudas acumuladas con la AFIP alcanzarían los $5.800 millones, mientras que sumarían 1.300 millones con sus otros acreedores.

La falta de una oferta de compra solvente -deudas incluidas- tras el concurso abierto por el juez, culminó con la declaratoria de quiebra y la continuidad de un nuevo proceso que permita la subasta de la empresa.

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