jueves , 19 octubre 2017

De Vido y ex funcionarios de Vialidad, imputados en una causa por rutas “calamitosas”

Avanza una investigación por irregularidades tras detectarse graves fallas en tres vías nacionales; piden informes a los organismos de control

La luz de alerta por el estado calamitoso de muchas rutas argentinas está encendida hace años. Recién ahora, algunas de las investigaciones están yendo a fondo. Una nueva causa penal complica al ex ministro de Planificación Julio De Vido y a dos de sus ex subordinados: el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) Nelson Periotti y el ex director ejecutivo del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi) Gustavo Gentili. Los tres quedaron imputados días atrás por presunta violación de los deberes de funcionario público luego de que se detectaran peligrosas fallas en las rutas nacionales N° 8, N° 35 y N° 36 durante su gestión.

La causa tuvo origen en Córdoba, en el año 2012. El por entonces legislador socialista Roberto Birri denunció las pésimas condiciones detectadas en esas vías, sobre todo en los tramos de su provincia. Advirtió que se trataba de verdaderas “rutas de la muerte”: desde que su esposa falleció en un accidente en la ruta N° 36 venía contabilizando múltiples siniestros.

La investigación quedó en manos de la fiscalía federal N° 3 de Córdoba, que, tras indagar en los contratos que había otorgado la DNV, entendió que la causa debía remitirse a Comodoro Py. El expediente recayó en la fiscalía de Federico Delgado, quien días atrás confirmó las imputaciones de De Vido y sus ex colaboradores. Pidió una serie de medidas al juez Marcelo Martínez de Giorgi y solicitó informes a organismos de control.

El expediente, al que accedió LA NACION, exhibe una lista de irregularidades. Informes de la Policía Caminera de Córdoba advirtieron en varios tramos de las rutas nacionales la existencia de “agrietamientos y baches”, “ausencia de banquinas”, “señalización despintada” y hasta “presencia de animales en las vías”. El fiscal Delgado señaló que, al menos entre 2008 y 2012, se registró un “estado calamitoso” de los caminos, “ocasionando inclusive accidentes mortales”.

Respecto de la ruta N° 35, el fiscal le pidió a la Sigen que revise una serie de contrataciones que Planificación otorgó a distintas empresas, algunas viejas conocidas del kirchnerismo. Entre otras, una concesión otorgada a Epelco SA y Austral Construcciones SA, dos de las firmas del emporio de Lázaro Báez que se “asociaron” para el proyecto.

Respecto de la ruta nacional N° 36, “se verificó que el 79% de los tramos concesionados por el Estado nacional estaba en mal estado”. La investigación pone su foco en la empresa Corredor Cordobés SA, que ganó los contratos de concesión por el peaje, la construcción, y el mantenimiento de esa vía.

El ex titular del Occovi había informado al comienzo de la investigación que “esa concesión no incluía obras mayores, que se otorgaron a Helport SA”. Se trata de una importante proveedora de obra pública dirigida por Eduardo Eurnekian y Juan Manuel Collazo y que tuvo a su cargo la nueva terminal del aeropuerto de Ezeiza.

Una curiosidad: Corredor Cordobés SA tiene el mismo domicilio fiscal que Helport, también está presidida por Collazo y tiene entre sus socios a Corporación América SA, de Eurnekian.

Factores externos

Consultados por LA NACION, desde la firma explicaron que la concesión cayó “de mutuo acuerdo con el Estado nacional” en 2013. En ese entonces, Planificación le había transferido la concesión a la provincia de Córdoba. Según consta en la causa, la empresa había reconocido que afrontó “diversos factores externos por la grave crisis financiera, que impactaron directamente en el normal desarrollo de la concesión”.

Sobre la ruta N° 8, que recorre las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y San Luis, la investigación pide profundizar la pesquisa sobre las obras que estuvieron a cargo de Corredor Central. La firma fue fundada en 2010 también con el único propósito de explotar el contrato de concesión otorgado por Vialidad Nacional. El fiscal solicitó que la AGN remita todos los informes vinculados a este contrato, mientras que le pidió a la Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Balbín, que controle la “legalidad de la adjudicación” del convenio.

En forma paralela, el juez federal Julián Ercolini investiga la denuncia que radicó la nueva gestión de Vialidad, sobre procesos licitatorios espurios, sobreprecios y circuitos de pagos de excepción.

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