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Río Gallegos.- El senador Alfredo Martínez criticó el avance del dictamen para el ascenso del jefe del Ejército, Ricardo Cundom, de general de división a teniente general.
Consideró que “no es un obstáculo” el antecedente de haber manifestado en 1988 que no reprimiría el alzamiento carapintada. La Comisión de Acuerdos del Senado se reunió para evaluar, además del pliego de Cundom, los de Patricio Sztyrle, Luis Molina y José Castiglione, todos ellos con rango de teniente coronel y pedido de ascenso a coronel.
Durante la reunión, el senador radical por Santa Cruz recordó que su partido había solicitado la presencia de Cundom en la reunión para preguntarle por qué declaró que se negaría a actuar contra el levantamiento carapintada de Villa Martelli en 1988 liderado por Mohamed Alí Seineldín (el tercero durante el gobierno del radical Raúl Alfonsín).
El antecedente de Cundom fue informado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) mediante una nota dirigida al Senado. En la misma nota el CELS aclaraba también que el episodio “no es un obstáculo” para permitirle el ascenso, observación que fue compartida por la Comisión de Acuerdos.
“Coincidimos con el CELS en eso, pero queríamos simplemente preguntarle su consideración sobre los alzamientos”, explicó Martínez, al tiempo que aclaró que no firmaría el dictamen porque el bloque de la UCR tiene pendiente una reunión para definir su postura respecto del ascenso”.
Cuando el pliego de Cundom ingresó al Senado, el CELS remitió una nota en la que informó que el actual jefe del Ejército “fue sancionado con ocho días de arresto el 19 de diciembre de 1988?. Según el organismo, “en aquella oportunidad, el entonces capitán permaneció en su debido destino, como cursante del Instituto de la Escuela Superior de Guerra, pero fue sancionado por manifestar a su superior inmediato que no ejecutaría operaciones militares contra sus camaradas”. “No consideramos que ese precedente sea un obstáculo para su ascenso. Sin embargo, llegada esta instancia de su carrera, sería relevante conocer cuál es su consideración respecto de los levantamientos militares”, concluye la nota del CELS.
Al término de la reunión, Martínez se refirió al ascenso y manifestó que: “Los casos de Sztyrle, de Castiglione y de Molina han quedado absolutamente aclarados una vez sobreseídos por la Cámara de Comodoro Rivadavia, algo que nos da satisfacción y nos permite acompañar sus pliegos, de la misma manera Sztyrle, que tenía un problema administrativo que también ha sido subsanado, por ello no tenemos ningún tipo inconveniente de acompañar sus pliegos”.
“El caso de Dorrego es que nos hubiera gustado más que su reconocimiento fuera mediante ley, ya que los ascensos, en general, se hacen en forma directa en especial cuando los beneficiarios que los reciben están en actividad. Como éste es un caso especial, con un ascenso por ley evitábamos cualquier tipo de mala interpretación, por supuesto que estamos de acuerdo con entregar ese grado post mortem a Dorrego”, agregó el legislador.
“El caso del general Cundom, es totalmente distinto, mediante una nota solicitamos su presencia para preguntar, esencialmente, porque consta en su foja de servicio no actuar en contra del alzamiento carapintada. El CELS nos envió documentación donde manifiesta que ese procedimiento no es un obstáculo para su ascenso. Sin embargo, llegada a esta instancia de su carrera, sería relevante conocer cuál es su consideración respecto de los levantamientos militares. Por eso nos parecía fundamental contar con su presencia y poder aclarar de esta manera nuestras inquietudes”, afirmó Martínez en un comunicado.
El jefe de la bancada kirchnerista, Miguel Pichetto, pidió no “subestimar a la presidenta (Cristina Fernández de Kirchner) al creer que pudo enviar el pliego de un general que no está comprometido con la democracia”. Y el kirchnerista Pablo González recordó además que “este Senado le dio acuerdo tres veces y además lo condecoró”.
Cundom, designado por el Poder Ejecutivo Nación al frente del Ejército tras el pase a retiro del cuestionado César Milani, que afronta causas judiciales por su supuesta responsabilidad en crímenes de lesa humanidad. (ANA)
