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Por Hernán Cappiello
En un escrito a Bonadio, renuncia a objetar la confirmación de su procesamiento y afirma que busca «esclarecer los hechos»
La ex presidenta Cristina Kirchner reclamó ir a juicio oral cuando antes en la causa en que se la investiga por supuestamente disponer la venta de dólares en el mercado de futuro a menor valor que el de mercado, lo que produjo un perjuicio económico al macrismo cuando, ya en el poder, tuvo que pagar por esos contratos.
La ex presidenta cambió de estrategia: dejó de oponerse y cuestionar los actos procesales en la causa, en la que ya fue procesada por fraude en una resolución firme.
Al contrario. Instruyó a su abogado Carlos Beraldi para que presente en el despacho del juez Claudio Bonadio un breve escrito de tres párrafos en el que sostiene que:
Quiere «esclarecer los hechos investigados de manera pública y ante un tribunal imparcial».
Quiere que la causa sea elevada a juicio oral «con la mayor premura».
Desiste de interponer cualquier recurso contra el fallo de la Cámara Federal que confirmó su procesamiento.
Renuncia a su derecho a plantear excepciones contra el pedido de elevación a juicio que pueda realizar Bonadio en poco tiempo.
La ex presidenta está convencida de que un tribunal oral imparcial la va a absolver de estas acusaciones. En su entorno creen que el fallo de Bonadio estuvo direccionado por razones políticas y que los jueces de la Sala II de la Cámara Federal Martín Irurzun y Eduardo Farah actuaron con animosidad para confirmar el procesamiento.
En cambio, si se sortea un tribunal oral, tiene más posibilidades de quedar fuera del alcance del núcleo más político de los jueces de Comodoro Py 2002 y, al mismo tiempo, poder hacer de un eventual juicio oral y público una plataforma política para seguir con su estrategia de victimización pública. Nada mal en un año electoral y en el que no se descarta que sea candidata.
Cristina Kirchner quiere hacer «una defensa pública de sus políticas», dijo el abogado Beraldi, y un juicio oral le permitiría una especie de oportunidad diaria de estar en todos los medios y en todas las audiencias para plantear sus logros y denunciar una persecución.
«Si pensaron que con esto iban a perjudicar a la señora Kirchner, están completamente equivocados», aseguró Beraldi en declaraciones a Radio 10, del empresario kirchnerista Cristóbal López.
Bonadio, en tanto, dijo ayer por Radio Nacional que no están dadas las condiciones para que Cristina kirchner sea encarcelada.
El juez afirmó que no le incomodan las críticas en su contra formuladas por el líder de la agrupación Quebracho, Fernando Esteche, y por la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.
Silencios y palabras
Dijo que no le preocupa «si están enojados o no» con las decisiones tomadas en materia judicial contra la ex presidenta. «La verdad que no es mi tarea preocuparme de esas cosas. Cada uno es dueño de sus silencios y esclavo de su palabras», dijo el magistrado, y agregó: «Yo sé qué tengo que hacer, somos todos gente grande, que cada uno acepte o afronte las consecuencias».
Más allá de la decisión de la ex presidenta, que busca acelerar la elevación a juicio oral y público de este expediente -que lo convertiría en el primero en su contra-, los restantes 14 procesados en la causa deberán resolver si apelan o no la confirmación de sus procesamientos dispuesta en un fallo que llevó las firmas de los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah.
Una apelación del resto de los acusados dejaría en espera el caso. Ahora, todos los procesados tienen la chance de apelar ante la Cámara Federal de Casación esa decisión y, mientras, Bonadio podrá resolver si da por cerrada la pesquisa e inicia el camino para elevarla a juicio oral.
La causa por la venta de dólar futuro se originó a partir de una denuncia de Cambiemos. Alfonso Prat-Gay, ministro de Hacienda, dio su testimonio ante Bonadio e impulsó la investigación.
En la denuncia se cuestiona que el Banco Central, por instrucciones supuestas de la ex presidenta, firmó que el dólar futuro iba a estar en $ 10 cuando el llamado blue ya cotizaba a $ 15, lo que permitió a los compradores cobrar la diferencia y al Estado, ya administrado por Macri al momento de pagar, le provocó un perjuicio millonario.
