martes , 31 enero 2023

Corte Suprema de Justicia ordenó brindar información y documentación sobre las represas de Santa Cruz

Río Gallegos.- La Corte Suprema de Justicia se pronunció en dos nuevos casos por acceso a la información pública: dejó firme la sentencia que había condenado a la Inspección General de Justicia (IGJ) a brindar información de la empresa Ciccone, y rechazó un planteo del Estado Nacional contra el fallo que obligaba a dar información por la construcción de dos represas sobre el río Santa Cruz.

El fallo lleva la firma de los jueces Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Elena Highton y Juan Maqueda; no así la de Raúl Zaffaroni.

La Corte también desestimó un recurso extraordinario promovido por el Estado en contra de una sentencia de cámara que obligaba al titular del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido, a permitir el acceso información y documentación vinculada con el procedimiento de licitación pública para la construcción de las represas “Presidente Néstor Kirchner” y “Gobernador Jorge Cepernic”. La solicitud la realizó un grupo de legisladores nacionales.

Trascendió que a mediados de noviembre llegarán alrededor de u$s 500 millones para comenzar la construcción de las represas por un holding entre Electroingeniería y la china Gezhouba, que ganaron la licitación para realizar la obra. Serán financiadas íntegramente por capitales chinos. Según Electroingeniería, la obra aportará u$s 1.470 MW al Sistema de Interconectado Nacional.

Además el máximo tribunal se pronunció ante un pedido del ex diputado Ricardo Gil Lavedra, a quien se le negó la información sobre la empresa que está en el centro de la polémica. En la causa penal por el salvataje de a ex Ciccone Calcográfica y su posterior venta está procesado el Vicepresidente Amado Boudou por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.

El máximo tribunal consideró que Gil Lavedra “en su condición de ciudadano se hallaba legitimado para acceder a la información requerida en poder de la administración”. Y añadió: “El apelante tampoco critica la interpretación realizada por la sentencia con respecto a las leyes y otras disposiciones que asignan carácter público a la información requerida, ni desarrolla argumento alguno que explique por qué esa información se hallaría exceptuada de proveerla”.

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