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Río Gallegos.- Un grupo de jóvenes revelaron hoy que estuvieron a punto de ingresar a la Administración Pública Provincial, tras haber militado en unidades básicas del Partido Justicialista. Pero ahora se agruparon luego que se frenara el ingreso a través del Consejo Provincial de Educación (CPE).
Aseguran que punteros políticos del peraltismo les ofrecieron militar con la promesa de que conseguirán un puesto laboral en el Estado. Es más, hasta unos 20 jóvenes les iniciaron los trámites administrativos para ser contratados en la Administración Pública.
Un joven, identificado como Fernando, hizo pública su situación y la de otras 19 personas, dando un nuevo impulso a la causa por ingresos irregulares al Estado a través del CPE.
“Esto comenzó hace dos años, nunca estuve metido en la política, siempre la seguí de lejos y tuvimos la posibilidad de acercarnos a una básica militando, nos mandaron a diferentes actos. Hemos hecho las cosas bien” introdujo el joven reconociendo que a cambio de militar “se nos dio la posibilidad de que podamos ingresar a Educación”, dijo Fernando, en declaraciones a Tiempo FM y citadas por el Diario Tiempo Sur.
“Hemos pasado por el área Personal, por Sueldos, estamos en una lista, hasta tarjeta de débito nos dieron”, afirmó el joven que abrió otro frente a los ingresos irregulares al Estado.
Consultado sobre en qué unidad básica militaban, Fernando dijo que “nosotros militamos para la básica ‘Por un Proyecto Peronista’ y la referente política de esa básica es la que nos gestiona el ingreso a Educación, Cristina Mirol” quien “aparentemente como referente política tiene peso”.
Aclaró que durante este tiempo han militado e incluso “fuimos a los actos de inauguración de Harold Bark y de la ministra Peralta. Hemos estado cuando nos necesitaron. Hicimos ferias de ropa, algunos se disfrazaron de payasos y hasta les llevamos cosas a las abuelas”, en referencias a actividades impulsadas por el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de la ministra Gabriela Peralta.
Por otro lado, un joven que ha militado para ingresar a la Administración Pública, aseguró que la presidenta del CPE “removió el avispero en el Consejo al sacar a Carlos Gervasoni, quien era el nexo con Mirol, quien a través de la unidad básica hizo ingresar gente previo cobrarles los seis primeros meses del sueldo como ‘aportes a la unidad básica’. Pero para ingresar a la planta permanente la cifra a pagar era de 15.000 a 20.000 pesos”.
También otros punteros políticos cercanos a la ministra Peralta, como Quiroga, Gómez Leal y Cristina Mirol, han sido involucrados en el escándalo.
La presidenta del CPE, Silvia Sánchez informó a los vocales en sesión ordinaria el pasado 17 de junio instruyó a la Dirección de Sumario para que “dé prioridad al tratamiento de este tema pero no cuento con mayor información al respecto ya que los actuados se encuentran en una instancia de secreto de sumario”.
En tanto, respecto a la causa judicial, la funcionaria explicó que la Justicia solicitó mayor información, la cual fue enviada y se encuentra a la espera que se determine la aceptación como querellante del CPE.
No se informó si la renuncia de la vicepresidenta de Iris Rasgido esta relacionada por el escándalo de los ingresos irregulares.
La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) denunció que se han detectado unos 300 ingresos irregulares de personal al CPE en los últimos meses. No se descartó la conformación de una “asociación ilícita” en el área de educación, ya que en dos de los casos irregulares de ingreso, se ha indicado que han pagado a “punteros políticos” para ingresar al Estado.
La Justicia citó a la directora provincial de Personal del CPE, Vanesa Miranda y a la secretaria de Coordinación Administrativa del CPE, Claudia Neun, luego que la propia Sánchez realizó una denuncia ante los trascendidos sobre ingresos irregulares de personal en el área de educación.
ANA
