miércoles , 24 enero 2018
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Condenan por corrupción a ex funcionarios en Tierra del Fuego

Tierra del Fuego.- La justicia condenó y ordenó la inmediata detención de dos ex ministros de Economía de la provincia, otros tres ex funcionarios y un empresario involucrados en un caso de corrupción que denunció la actual gobernadora Fabiana Ríos en 2008.

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El juicio que concluyó el viernes en Ushuaia investigaba el pago de 8,2 millones de pesos por parte del Estado fueguino a la empresa “Gualdesi Hermanos”, a cambio de bolsones de alimentos para personas indigentes que nunca fueron entregados. La sentencia recayó sobre los ex ministros Horacio Sosa y Raúl Berrone, quienes fueron condenados a 3 años y 10 meses de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de “peculado en concurso ideal con falsificación de instrumento público”, precisaron a la agencia de noticias Télam fuentes judiciales.

El Tribunal Oral en lo Criminal de la capital fueguina también condenó a 5 años de cárcel al ex contador general de la gobernación, Alfredo lglesias, y a 3 años y 6 meses de prisión a uno de los dueños de la empresa involucrada, Germán Gualdesi. Además, la Justicia consideró culpables del mismo delito al ex asesor del Ministerio de Economía Horacio Medone, quien recibió una pena de 3 años y 10 meses y a la ex empleada María Lorenza Moreno, quien fue condenada a 3 años y 4 meses de cárcel. A su vez, el ex empleado Isidro Ferreyra y otra de las dueñas de la firma Gualdesi, Elsa Bugnest, recibieron una condena de 3 años de prisión en suspenso, mientras que el ex secretario contable del Tribunal de Cuentas, Emilio May, resultó absuelto.

Berrone y Gualdesi fueron detenidos de inmediato tras la lectura del veredicto en el edificio de tribunales de la capital fueguina, en tanto que Sosa, Iglesias, Medone y Moreno ya están presos por una condena anterior. La operatoria cuestionada se concretó a finales de 2007, durante el último tramo de la gestión del ex gobernador Hugo Cóccaro (PJ), cuya situación procesal fue definida hasta el momento como de “falta de mérito”. El Fiscal Mayor de Ushuaia, Guillermo Massimi, había acusado a todos los involucrados de “fabricar un expediente administrativo” para simular la prestación de un servicio nunca brindado.

El caso es conocido en Tierra del Fuego como “el escándalo de las Letras de Tesorería”, ya que en ese mismo período se realizaron varias operaciones que fueron canceladas con instrumentos financieros emitidos por el propio Estado. Los magistrados también hicieron lugar a una acción civil que obliga a los sentenciados al pago de una suma indemnizatoria de $2,41 millones más los intereses acumulados en los últimos 8 años

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