viernes , 18 junio 2021

Causa Hotesur: la Cámara Federal apartó al juez Bonadio por mal desempeño

Río Gallegos.- La Sala I de la Cámara Federal apartó al juez federal Claudio Bonadio al aceptar hoy un pedido de nulidad hecho por la defensa de Romina Mercado, sobrina de Cristina Kirchner y titular de la firma Hotesur. El magistrado investigaba a la presidenta y su entorno familiar por supuesto lavado de dinero, fue desplazado hoy del expediente. Mañana se sorteará al nuevo magistrado a cargo del expediente.

El lunes pasado, el juez Bonadio había ordenado un operativo en las oficinas de las empresas de Máximo Kirchner y Lázaro Báez en la ciudad de Río Gallegos, lo que había causado un fuerte repudio de Cristina Kirchner.

La defensa de Mercado, la actual presidenta y directora titular del directorio de Hotesur, había planteado un pedido de nulidad por la convocatoria que hizo Bonadio a los peritos contables de la Corte Suprema para “colaborar” en la investigación de la situación contable de la sociedad presidencial. Manifestó que el juez no le permitió colocar peritos de parte.

Ese es el expediente que trató hoy la Sala I de la Cámara Federal, que votó a favor de la defensa por dos votos contra uno. Mientras que Jorge Ballestero, Eduardo Freiler se manifestaron por el apartamiento, Eduardo Farah se opuso.

En el fallo de hoy, Freiler sostuvo que el oficio librado por Bonadio “ha generado un grave menoscabo al derecho de defensa”. En ese sentido, el camarista hizo referencia al escandaloso operativo que el juez apartado realizó en Santa Cruz con el respaldo de Policía Metropolitana, y afirmó en el escrito que “llama la atención” que mientras “Bonadio dilata la decisión vinculada con su competencia para continuar entendiendo en este sumario, ha ordenado la producción de una importante cantidad de medidas de prueba, que implican una injerencia en los derechos de las personas -nos referimos a las órdenes de presentación dirigidas a varias empresas privadas y a organismos oficiales-, que -otra vez- han tenido una inusitada repercusión en los medios masivos de comunicación”.

“No puede dejar de mencionarse, además, que el juzgador no ha elegido a ninguna de las fuerzas de seguridad de carácter federal para llevarlas a cabo -Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria-, sino a la Policía Metropolitana, pese a que tales diligencias fueron practicadas fuera del ámbito de la ciudad de Buenos Aires, a la cual se circunscribe su jurisdicción territorial (ver ley 2894 de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires)”, sostuvo Freiler.

El camarista sostuvo que lo actuado por el juez “devela que aquella preocupación vinculada con la posible falta de imparcialidad” ahora “se ha visto concretada”.

“En ese escenario, la declaración de la nulidad que aquí propongo debe ser acompañada del apartamiento del Dr. Claudio Bonadio, conforme lo normado por el artículo 173 del Código Procesal Penal de la Nación, pues advierto que la imparcialidad que se exige a los magistrados frente al caso concreto se ha visto seriamente comprometida”, afirmó Freiler.

Por su parte, Ballestero advirtió por los argumentos que expuso Bonadio cuando intentó fundamentar los motivos por lo que solicitó asistencia de peritos de la Corte, sin el control de las partes involucradas en el expediente. “Las explicaciones que el juez de grado brindó al momento de contestar el planteo invalidante que motivó la formación de este incidente, denotan una situación aún más preocupante. Allí el juez indicó que la intervención de los peritos en cuestión tenía como objetivo ‘colaborar con el suscripto en cuanto al diseño técnico de los puntos de pericia si eventualmente se necesitara una’”, enfatizó Ballestero.

También señaló que la intervención de los peritos en un proceso judicial “será la de responder los interrogantes que un magistrado les plantee y no, en modo alguno, formular tales preguntas, ni plantear interrogantes al juez”.

“No puedo dejar de señalar, además, que tras compulsar el legajo principal, advierto la ausencia de algún informe o declaración testimonial a través de la cual se haya incorporado al proceso el resultado de la colaboración brindada por los expertos”, criticó Ballestero.

En coincidencia con su colega Freiler, Ballestero sostuvo que “es por ello que considero que, de mantenerse el Dr. Bonadío a cargo de la presente investigación, no se encontraría garantizada la imparcialidad”.

Por su parte, Farah discrepó con sus compañeros de la Sala I por considerar que en este fallo los camaristas debían definir sobre la nulidad o no del oficio librado por Bonadio al cuerpo pericial de la Corte y no sobre su actuación en la causa. “No es éste el ámbito para analizar ni expedirse respecto de otros cuestionamientos de las partes acerca de la actuación en general del a quo (en referencia a Bonadio) como director de la instrucción, la cual, según ellas, revelaría irregularidades y daría sustento a un temor de parcialidad”, explicó.

El fallo de la Sala I expone también las irregularidades que quedaron planteadas por el allanamiento realizado por Bonadio en Santa Cruz en compañía de la Metropolitana. El hecho de que el Gobierno porteño haya pagado el desplazamiento de los efectivos de la Metropolitana, encierra una serie de irregularidades. Si un juez federal o nacional tiene que realizar un procedimiento en otra jurisdicción que requiera de gastos, debe pedir fondos al Administrador General del Poder Judicial, que es un órgano del Consejo de la Magistratura de la Nación.

Bonadio ordenó el operativo en las compañías para obtener documentación en el marco de la causa Hotesur en la que se investiga a la mandataria y su entorno por supuesto lavado de dinero.

En caso de que las compañías vinculadas a la presidenta no proveyeran información de forma voluntaria, el juez podría ordenar los respectivos allanamientos.
Bonadio también pidió información contable a diversas empresas del empresario kirchnerista Lázaro Báez, que firmaron acuerdos con Valle Mitre para alquilar habitaciones en los hoteles de los Kirchner. (ANA)

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