El proyecto propone una ordenanza que intervenga sobre la calidad de los servicios que se brindan a víctimas de violencia de género, que incluya un mapa de identificación de golpeadores y femicidas actualizados y monitoreados.
Esta acción que propone será «para abordar de una vez por todas el doble abuso que vive la víctima de violencia de género y que alcanza especialmente a las mujeres».
Concretamente sostuvo -en la entrevista en el programa de La Vanguardia del Sur en Radio Hora Prima- que “hoy principalmente las mujeres cuando llegan a denunciar o buscar apoyo por violencia comienzan un recorrido por instituciones que justifican sus tiempos y sus acciones, pero nunca sus resultados».
«Así la víctima queda sumida en el abandono de persona, por pérdida de confianza en las Instituciones de la vida social y del Estado, volviendo al círculo vicioso del maltrato».
«Proponemos adecuarnos a las Convenciones Internacionales y Planes Nacionales de Prevención de Violencia de Género que pondrá en vigencia el Gobierno Nacional desde el ámbito local. Para ello es necesario crear una Ordenanza que permita que las instituciones vinculantes a la identificación, denuncia, monitoreo y seguimiento de la Prevención y accionar legal y de apoyo social sean responsables de informar periódicamente y que con controles cruzados todas puedan acceder a conocer procedimientos y actuaciones mediante un Informe Público que podría ser de carácter semestral».
Para la instrumentación de esta iniciativa «será necesario que las instituciones sociales de mujeres sean protagonistas de aportar a la credibilidad y confianza de los informes que sean Coordinados desde las Instituciones de familia del Estado que hoy carece de confianza social. Instituciones que además deberían confiar en esta iniciativa para que cobre sentido legítimo».
«Rendir cuentas a la sociedad, y no sólo hacia dentro de las instituciones será una meta central de la Ordenanza que mediante indicadores de cantidad y calidad, construidos con los distintos servicios que se brindan a las víctimas evitará que ésta vuelva a ser objeto de violencia institucional, a la vez que servirá de instrumento de planificación para achicar la falsa creencia que la impunidad del maltratador puede tener vía libre de usos políticos, sin reconocimiento de derechos reales de las víctimas».
La postulante se encuentra «entusiasmada de poder aportar a la comunidad de Caleta Olivia de llegar a alcanzar una banca del Concejo Deliberante y desde allí poder mostrar que los golpeadores del pasado y del presente dejen de presentarse como señores moralmente correctos”.