Martes , 24 enero 2017
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Boudou, a un paso del juicio oral por su intento de quedarse con Ciccone

El fiscal pidió elevar la causa a juicio; sólo falta que el juez Lijo envíe el caso a un tribunal y se fije fecha; Di Lello reiteró que es necesario indagar a Echegaray y a Daura.

El ex vicepresidenteAmado Boudou, su ex socio José María Núñez Carmona y el empresario Alejandro Vandenbroele quedaron a un paso del juicio oral por intentar apoderarse de la imprenta Ciccone Calcográfica, que se dedica a imprimir papel moneda.

El fiscal federal Jorge Di Lello pidió la elevación de la causa a juicio, con lo que quedó allanado el camino para que el juez federal Ariel Lijo se desprenda del expediente y lo envíe a un tribunal oral federal para que éste le ponga fecha al juicio oral.

Aludió Di Lello a un “itinerario criminal” cumplido en tres etapas, siempre con Boudou como guía desde el Ministerio de Economía, primero, y desde la vicepresidencia de la Nación, después.

Di Lello reiteró, además, un pedido para que se cite a declaración indagatoria al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray y a la titular de la Casa de Moneda durante el kirchnerismo, Katya Daura.

El fiscal pidió que también sean juzgados Nicolás Tadeo Ciccone -uno de los dos hermanos dueños de la sociedad-; Rafael Resnick Brenner, ex jefe de asesores de Ricardo Echegaray en la AFIP, y César Guido Forcieri, ex jefe de gabinete de Boudou en el Ministerio de Economía.

Los petitorios fueron incluidos en el requerimiento de 243 páginas que el fiscal Di Lello elevó al juez federal Ariel Lijo para que disponga la clausura de la etapa de instrucción en el expediente y su pase a la del debate en audiencias orales y públicas.

Vandenbroele y su empresa The Old Fundtrataron de adquirir la imprenta Ciccone, que se encontraba en quiebra, con fondos que se presumen de origen ilícito.

Esta operatoria, para el fiscal Di Lello, tenía la intención de lograr luego la contratación con el Estado nacional para la producción de billetes de curso legal.

Y sostuvo el fiscal que “para ello el licenciado Amado Boudou, por entonces ministro de Economía de la Nación, se interesó en esa operación, junto a su socio comercial, José María Núñez Carmona”.

“Boudou y Núñez Carmona negociaron la adquisición de la calcográfica, a través de la cual la familia Ciccone cedía el 70% de las acciones”, escribió Di Lello, a cambio del “levantamiento de la quiebra, la aprobación del plan de pagos de la deuda fiscal y la inyección de capitales para recuperar su productividad”.

Según el fiscal, los delitos por los que Boudou y los otros deben ir al banquillo y ser enjuiciados son “negociaciones incompatibles con la función pública” y “cohecho”. Es decir, la solicitud de sobornos, en este caso en forma de las acciones de la compañía.

La fiscalía tuvo acreditado que Amado Boudou, como funcionario público”, compró el 70% de Ciccone Calcográfica SA “de parte de Nicolás Ciccone y Héctor Ciccone, a cambio de realizar actos necesarios para salvar la empresa, que se encontraba quebrada”.

Di Lello pidió indagar en total a 22 personas más en la causa, incluidos Echegaray, otros 21 funcionarios de la AFIP, tres de la Casa de Moneda y seis de la ex Ciccone.

Guillermo Reinwick, yerno de Nicolás Ciccone y quien supuestamente habría sido el lazo para que se concretara la operación entre su familia y Boudou, estuvo procesado, pero la Cámara Federal le dictó la falta de mérito y fue sobreseído en el expediente.

Lijo enviará a todos los procesados a juicio y, además, se apresta a ordenar nuevas declaraciones indagatorias, entre ellas las pedidas por el fiscal.

En diciembre pasado, el juez había dado por cerrada la investigación, que llevó cuatro años, pero, en ese momento, Di Lello se negó a enviarla a juicio y pidió más medidas de prueba e indagatorias relativas a la ruta del dinero de la maniobra.

En el dictamen firmado ahora, el fiscal aclaró que muchas de esas medidas no se hicieron, pero que, igualmente, accedía a enviar ese tramo de la causa a juicio oral y público para evitar más dilaciones.

Mientras, espera que el juez siga produciendo prueba en un expediente residual.

Ésta es la causa más complicada por el avance que tiene de todas las que enfrenta Amado Boudou, investigado también por sus bienes y por compras de autos de alta gama, entre otros casos.

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