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Bolivia: gobierno de facto convoca a elecciones y proscribe a Evo Morales y García Linera 24 Noviembre 2019

La senadora opositora suspendió por ley a todos los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Se debe llamar a elecciones generales en un plazo máximo de 120 días después la nueva conformación de ese cuerpo.

Tras varias jornadas de intensas negociaciones, la presidenta del Gobierno de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, promulgó este domingo la ley acordada por el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales y las fuerzas minoritarias que la apoyan para convocar a nuevas elecciones que excluirán al ex presidente y el ex vicepresidente Álvaro García Linera, ambos en el exilio.

La nueva ley suspende a todos los vocales del Tribunal Supremo Electoral y da 20 días a la Asamblea Legislativa para designar nuevos y crear un reglamento para que cada departamento del país hago lo mismo.

Los nuevos vocales electorales deben asumir al día siguiente de ser designados por los legisladores y en un período de no más de dos días deben convocar a elecciones generales en un plazo máximo de 120 días y presentar un calendario electoral, según el diario boliviano Los Tiempos. En mayo de 2020 a mas tardar se deberá votar.

Esto significa que las elecciones podrían ser convocadas hasta mediados de abril próximo y que en caso de necesitarse un balotaje presidencial, este debería ser convocado a no más de 45 días de la primera vuelta.

Al leerse el texto de la nueva ley electoral en un acto en el Palacio Quemado, se explicó que todas las organizaciones políticas con alcance nacional podrán participar -entre ellas el MAS-, pero ni Morales ni García Linera podrán presentarse como candidatos porque ya cumplieron dos mandatos consecutivos en el Poder Ejecutivo que les permite la Constitución.

Anoche tarde, luego de que los diputados aliados de Áñez y los del MAS de Morales acordaran el texto en general y en detalle, el senador masista Ciro Zabala defendió las negociaciones y el producto final.

«La Ley de esta ley tiene un régimen excepcional y transitorio. Es estrictamente para la coyuntura de este momento, que tiene como obligación apaciguar el país y que podamos convivir entre bolivianos en vez de matarnos entre nosotros», explicó.

Hoy la presidenta de facto, la senadora opositora, no se limitó a defender la nueva ley sino que la utilizó para seguir denunciando y atacando al exiliado Morales y a su gestión.

«Bendito sea Dios por este día», celebró Áñez, cuando se terminó la lectura de los artículos de la ley. «Esta ley es producto del repudio a la forma en que el gobierno anterior intentó manipular las elecciones del 20 de octubre» pasado, agregó la mandataria de facto al reiterar su denuncia de fraude electoral, una acusación ratificada por la Organización de Estados Americanos (OEA) y rechazada por Morales, quien pese a que ofreció repetir los comicios terminó renunciando en medio protestas opositoras, forzado por los militares y denunciando un golpe de Estado. Áñez culminó su discurso con una promesa: «Llega el tiempo de la reconciliación».

Reconocimiento

En tanto, la Cancillería argentina, que se negó a hablar de “golpe de Estado” desde que Evo Morales fue derrocado, destacó el llamado a elecciones por parte del gobierno de facto de Bolivia.

“El Gobierno argentino destaca la aprobación, por el Senado y Cámara de Diputados bolivianos, de la Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de Elecciones Generales, que establece el marco legal para la salida electoral de la grave crisis político-institucional que atraviesa el país hermano”, expresó en un comunicado.

En el texto se informa que “la Argentina valora el compromiso democrático de los integrantes de ambas Cámaras de la Asamblea que hicieron posible el consenso y aprobación de esta Ley”.

Además, el escrito menciona el “esfuerzo y diálogo entre los diferentes sectores sociales y políticos que se llevan a cabo con apoyo de Representantes de Naciones Unidas, la Unión Europea y la Iglesia Católica, animados por el objetivo de lograr la pacificación social y el reencauzamiento político-institucional en Bolivia”.

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