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Desde Salta a Tierra del Fuego, desde hoy comenzarán a presentarse en los estrados judiciales amparos contra el Decreto 702/2018 que dispone el recorte de las asignaciones familiares. También en el Congreso un grupo de legisladores, sin distinción de color, impulsará la derogación de la medida.
Legisladores del bloque justicialista de la Cámara de Diputados de la Nación y también del bloque de la Unión Cívica Radical preparan sendos proyectos para rechazar el recorte de las asignaciones familiares, planteando su restitución.
En el caso del PJ, se preparó un proyecto de resolución por el cual se hace mención al artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional, reformada en 1994, que manda “proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones”.
Y señalan que “el régimen (de asignaciones familiares) contemplaba la existencia de montos diferenciales para cuatro zonas: zona 1 para los beneficiarios de La Pampa, Río Negro y Neuquén y determinados departamentos de las provincias de Formosa, Mendoza y Salta; zona 2 para Chubut; zona 3 para determinados departamentos de Catamarca, Jujuy y Salta, y zona 4 para Santa Cruz y Tierra del Fuego”.
Sin embargo, se añade, “el Decreto 702/2018 deja sin efecto esos diferenciales para los beneficiarios trabajadores activos, a excepción de las asignaciones por hijo con discapacidad y ayuda escolar anual para hijo con discapacidad y para los beneficiarios del SIPA con las mismas excepciones, con el fundamento de ‘adoptar un criterio uniforme que otorgue mayor homogeneidad en los beneficios asignados a las distintas jurisdicciones’”.
En este sentido, recordaron que “el artículo 19 de la ley 24.714, al facultar al Poder Ejecutivo a establecer la cuantía de las asignaciones familiares, sus topes y rangos remuneratorios, también dispone que se contemplen ‘coeficientes zonales o montos diferenciales de acuerdo al desarrollo de la actividad económica, índices de costo de vida o de variación salarial y situación económica social de las distintas zonas’, de lo que se deriva que la existencia de zonas diferenciadas constituye un imperativo legalmente impuesto y no disponible por vía reglamentaria”.
Vía la declaración
Por su parte, los diputados nacionales patagónicos de la UCR, Gustavo Menna (Chubut), Nadia Ricci, Roxana Reyes (Santa Cruz), Lorena Matzen (Río Negro) y Daniel Kroneberger (La Pampa), presentarán un proyecto de declaración que rechaza el recorte en las asignaciones familiares para esta zona del país.
El objetivo es pedirle al Poder Ejecutivo Nacional la restitución de los montos diferenciales por zona en las asignaciones familiares que fueron suprimidos por el Decreto 702/18 conocido el viernes.
Al igual que los justicialistas, los radicales recuerdan que el pago diferencial tiene sólidos argumentos jurídicos, empezando por la Ley 24.714, que instituye el Régimen de Asignaciones Familiares y prevé la atención de los “mayores costos” que implica residir en determinadas zonas geográficas, además de carencias logísticas, factores climáticos o la falta de acceso a determinados servicios básicos, “todas consecuencias devenidas del desigual desarrollo territorial con que se ha conformado la Argentina a lo largo de su historia”.
Recurso de amparo
El diputado nacional del Frente para la Victoria de Salta, Sergio Leavy, presentará junto a otros legisladores un amparo colectivo al que quieren sumar a intendentes de las localidades afectadas y a gobernadores y a legisladores de las provincias perjudicadas.
El legislador aseguró que la medida adoptada por la Nación “nos va a traer muchos problemas sociales en el norte. Los grupos de piqueteros ya están empezando a organizarse en comisiones interdepartamentales para protestar por estas y otras políticas del Gobierno Nacional, que día a día reafirma su visión centralista de la Argentina”.
En ese sentido, el ex legislador y abogado laboralista Héctor Recalde aseguró que “desde lo legal se podría plantear lo inconstitucional. Ya que si se pagaba asignaciones familiares a todos los que cobraban hasta 20.000 pesos y ahora el tope es de 15 mil, hay muchas personas que dejan de cobrar”.
Para Recalde, “las asignaciones universales son un derecho adquirido. A esta altura de la evolución de la sociedad el salario es un derecho humano, tocarle el salario al trabajador es tocarle un derecho humano”.
Por su parte, Leavy también resaltó que el dinero de esas asignaciones familiares diferenciales “hace un círculo virtuoso en los pueblos de los departamentos donde se pagan y que con la decisión del Gobierno se va a perder esa ayuda en zonas (del norte) que son de las más pobres del país”.
El legislador, junto con el bloque del FPV, presentará también un proyecto de resolución repudiando el Decreto 702/2018 por “provocar una profunda inequidad so pretexto de evitar la captación indebida de prestaciones de la seguridad social”.
Remarcó, además, que la decisión adoptada “sólo contribuirá a aumentar, aún más, las profundas desigualdades que hasta hoy existen” en las zonas afectadas, “impactando de manera negativa en los niños perjudicados que ascienden a la suma de ciento cincuenta mil entre la Patagonia y el norte de nuestro país”.
El legislador aclara que con esta medida “el Gobierno se ahorra 5 millones de dólares por mes, una cifra que no es significativa en lo económico, pero que marca el pensamiento del Gobierno Nacional”.
(iF)La Opinión Austral
