jueves , 22 octubre 2020

Alicia Kirchner reconoció que no sabe cuántos empleados públicos tiene Santa Cruz y anunció medidas de ajuste

Río Gallegos.- La gobernadora Alicia Kirchner anunció un decreto que tiene como objetivo elaborar “un diagnóstico serio” del Estado provincial. Criticó “el modelo del empleo público” y precisó que el déficit anual de la Provincia está estimado en unos 4,6 mil millones de pesos.

Con esta iniciativa, la administración evaluará luego decretar la emergencia económica –financiera, a pesar que el decreto establece algunas medidas de ajuste.

Reiteró que la Caja de Previsión Social “no tiene sustantividad” y reveló que aún “no se sabe con exactitud la nómina de empleados públicos y el lugar donde se registran”.

La titular del Poder Ejecutivo especificó ayer por cadena provincial que la medida “tiene que ver fundamentalmente, con que el Estado deje de ser fuente de problemas y generador de conflictos, para servir a la comunidad santacruceña. Y cuando digo Estado, ‘somos todos’, pero hay una parte de este Estado, que a veces no está respondiendo a la necesidad de la mejor calidad de vida”, sostuvo Kirchner en medio de un conflicto con los afiliados de ATE.

“Por eso, como siempre digo hay que organizar para reconstruir, además de entender que el Estado no es propiedad de la administración pública, de los empleados y ni de los funcionarios. En tal caso la administración pública, está al servicio de toda la comunidad”, agregó la cuñada de la ex presidenta Cristina Fernández.

También denunció que “hoy hay una grave distorsión y se evidencia en los servicios públicos esenciales y los vecinos así lo notan a diario viendo que los hospitales no funcionan, hay problemas en las escuelas y en los hogares, no se cumplen una serie de prestaciones como debe ser”.

“Hay que reconstruir muchas prácticas, en todos los ámbitos y en todos los niveles, reparando también las desigualdades creadas por agotamiento de un modelo, como lo dije al asumir en mis funciones, el modelo implementado en estos años, fue el del empleo público y no generamos otro tipo de apertura”.

Asimismo estimó que el déficit anual del 2015 llegaría a unos 4,6 mil millones de pesos.

Además reconoció que la gobernadora explicó que “estamos en presencia de un Estado permisivo, desorganizado, muy crítico”, dando por ejemplo el ala recaudatoria, “no funciona”.

En medio de este análisis crítico que enumeró de la herencia de su antecesor Daniel Peralta, resaltó que la Caja de Previsión Social “no tiene sustantividad” y no dejó de comentar el desorden administrativo que “hay en el área de compras, muchas veces no se procede con licitaciones, a veces se superponen acciones y lo que es más triste, que no hay un patrimonio real y actualizado de los bienes del estado, ni de los inmuebles”.

En este sentido, reveló que aún “no se sabe con exactitud la nómina de empleados públicos y el lugar donde se registran”. Recordó que Peralta había firmado un decreto en enero de 2012 donde prohibía las designaciones, salvo aquellas autorizadas por excepción para servicios prioritarios como por ejemplo salud, educación y seguridad, pero en “la practica distorsiva fue que ingreso un montón de gente a través de ese decreto pero que realmente no era para el área de salud, sino eran para otras áreas que tenemos que diagnosticar en donde están, comisiones de servicios sin monitoreo, falta de capacitación del personal para servicios de extremas vulnerabilidad, de los niños, de las niñas, del adulto mayor, situaciones de violencia familiar, tenemos que tener personal capacitado y esta capacitación debe ser permanente”.

Ante ello, el decreto establece que en los próximos 30 días corridos fijar un registro de los trabajadores reales de la Administración Pública y conocer sus capacidades.

También en los próximos 30 días se realizará un censo de todos los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Provincia. También se relevará de inmediato todas las cuentas especiales o recaudadoras que tienen los entes descentralizados, las unidades ejecutoras, las tienen los distintos ámbitos que hacen al gobierno provincial.

En enero se actualizará los gravámenes de los juegos de azar y su distribución. Además se exigirá a las empresas pesqueras, mineras y petroleras que contribuyan a un plan de responsabilidad social – empresarial, que “realmente redunde en beneficio de toda la provincia”. (ANA)

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