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La gobernadora de Santa Cruz negocia un crédito para hacer frente a las deudas
Río Gallegos.- En un intento de descomprimir el tenso clima social y después de que medio centenar de jubilados tomó el edificio de la Caja de Previsión Social de Santa Cruz, ayer la gobernadora Alicia Kirchner anunció que pagará hoy el aguinaldo demorado a los estatales. Además, aseguró que avanzará con el endeudamiento que, hasta ahora, venía siendo frenado por medidas judiciales.
Al canto de «queremos cobrar», medio centenar de jubilados de la administración pública ingresó ayer al mediodía a la sede de la caja de jubilaciones de la provincia para reclamar por el pago del sueldo anual complementario, que hasta ayer cumplía un mes de atraso. Según los usos y costumbres, durante años en la provincia se pagó el aguinaldo a mitad de junio.
Después de pasar varias horas en el edificio, los jubilados recibieron un llamado del ministro de Economía, Juan Donnini, donde les confirmaba que el pago a jubilados y pensionados se concretará hoy.
«Es lamentable que siempre haya que llegar a estas medidas extremas para obtener una respuesta del gobierno», aseguró a LA NACION Fernando Alarcón, vocal por los activos en la Caja de Previsión Social, mientras acompañaba a los jubilados a desalojar el edificio.
Mientras tanto, en una conferencia de prensa acotada a medios oficiales, la gobernadora Alicia Kirchner realizaba el anuncio del pago de aguinaldos a los jubilados y a los activos hasta la categoría 24. La medida no alcanza, por ahora, a los entes descentralizados ni a los poderes Legislativo y Judicial.
La gobernadora consideró que las trabas judiciales que tuvo el empréstito que busca demoró el pago de los aguinaldos y explicó que ahora el gobierno inició los trámites para intentar conseguir crédito en distintos bancos del país. Consideró que el trámite llevará cerca de 60 días.
El lunes, ante un pedido del gobierno provincial, por decreto Mauricio Macri firmó el envío de 50 millones de pesos como adelanto de los fondos coparticipables.
En la conferencia de prensa, Alicia Kirchner indicó que además había recibido 280 millones de pesos a través del Ministerio del Interior. «Esto va a permitir pagar el aguinaldo de todos los pasivos y el aguinaldo hasta la categoría 24 de la ley 591, la más postergada. Alcanza casi a 40.000 personas», detalló. Y agradeció el envío de fondos nacionales, que deberá devolver luego con el empréstito que tramita.
Alicia Kirchner aclaró que el pago del aguinaldo se podía afrontar «gracias a lo que resolvió la Cámara de Apelaciones por la ley de reordenamiento económico y gracias a que pudo anticiparse a través del gobierno nacional un aporte financiero que es muy importante».
«Si no se hubiese sacado esa ley de reordenamiento, no estaría en este momento haciendo este anuncio», enfatizó.
En la Justicia
La gobernadora hizo así referencia al fallo judicial de segunda instancia que revocó la resolución del juez Francisco Marinkovic, quien había declarado inconstitucional el endeudamiento por 10.000 millones de pesos e ilegal la sesión del 23 de junio pasado, en la que, en medio de un escándalo, los diputados del FPV habían autorizado al Poder Ejecutivo a tomar un empréstito.
El gobierno, a través de su equipo de abogados, encabezado por Romina Mercado -hija de la gobernadora-, logró que la Cámara de Apelaciones resolviera a su favor.
Sin embargo, la estrategia judicial tuvo ribetes curiosos. Al apelar la medida, el gobierno recusó al juez Enrique Arenillas -integrante de la Cámara- por un comentario que formuló en la red social Twitter. En tanto que la vocal de Cámara René Fernández había sido recusada por la denunciante del frente Unión para Vivir Mejor «por su adhesión al FPV y por emitir fallos contradictores y sin fundamentos». Fernández rechazó ella misma la recusación y falló a favor del gobierno.
Según pudo conocer LA NACION, los diputados opositores presentarán un recurso de Casación contra el empréstito e intentarán llegar al Tribunal Superior de Justicia. Pese a ello, el gobierno ya decidió avanzar con el endeudamiento, aun cuando el fallo de segunda instancia no esté firme.
