martes , 7 julio 2020

Alfredo Martinez habló acerca del voto a los 16

Si una decisión política puede ser una abreviatura de una concepción global sobre el ejercicio del poder, la manera con la que el Ejecutivo ha instalado el proyecto oficial de la reforma electoral, que le permitiría a la franja de los jóvenes comprendidos de entre 16 y 18 años acceder al voto, muestra de manera fehaciente y sin lugar a equívocos cual es la concepción que este tiene acerca de lo que es el ejercicio del poder. La instalación del tema referido responde más bien a ese concepto político que practica asiduamente el gobierno que lo lleva a plantear las ideas desde una praxis autista y paternalista que desnuda su naturaleza autoritaria. Más allá de la esencia que porta la idea que él impulsa. El proyecto del gobierno no es una decisión encapsulada, dictada por una futura coyuntura política, como tampoco es un intento generoso de expandir el sano ejercicio de la voluntad democrática. Sería ingenuo analizar las causales desde cualquiera de estas dos perspectivas. Así como nadie puede negar el derecho al voto a la mencionada franja de jóvenes, las experiencias recogidas en aquellos países donde esta se ha implementado demuestran que esta participación electoral ha fortalecido las prácticas democráticas y ha ampliado la base de sustentación del sistema, tampoco se puede ser refractario a esta idea con el argumento de que la misma persigue un afán electoralista por parte del gobierno de cara a los comicios del 2013 y del 2015. Pensar de esta manera significa necesariamente temerle a las voces de las urnas. También se afirma al respecto que existen otra prioridades que esperan de ser solucionadas previamente a otorgarles a los jóvenes el derecho a votar, me refiero a saldar las grandes deudas sociales que en materia laboral, educativa, habitacional y de salubridad no han podido ser saldadas en los últimos diez años. Si bien las deudas contraídas son tan profundas como vastas, creo que considerar que el proyecto pretende camuflar estos problemas, eliminándolos momentáneamente  de nuestra realidad, es un error de apreciación ya que la miseria, la pobreza, la exclusión y la incertidumbre social no se pueden camuflar ni ocultar; máxime cuando el sector más golpeado por estos flagelos es el universo de los jóvenes, un universo en el que casi el 70% de esta juventud se aglutina en el 40 % de los hogares más pobres, sin olvidar que existe un millón de ellos que no estudia y carece de trabajo. Inclusive algunas voces argumentan la “contradicción” que anida en la idea, ya que hoy un menor de 18 años no puede ejercer legalmente una serie de actividades legales sin la autorización de sus padres, y sin embargo puede concurrir libremente a participar del acto eleccionario. Sin embargo al ser el voto optativo para esta franja lo hace jurídicamente sustentable, e invita a los jóvenes desde la responsabilidad electoral a un mayor compromiso con el sistema que les otorga el mencionado derecho. No nos podemos olvidar al respecto que una democracia que no abre los cauces políticos de participación es un sistema excluyente donde el espíritu de las prerrogativas es quien establece las reglas. Todos sabemos sobre el itinerario vital y doloroso por el cual ha transitado la democracia argentina, todos sabemos de este esfuerzo con el que hemos recorrido estos últimos 29 años. Creo que todos, o casi todos, queremos su consolidación definitiva basada en el espíritu político del debate, el consenso y el respeto por las instituciones, esta es la gran democracia que anhelamos y merecemos. Por eso es necesario, frente a los grandes temas que implican transformaciones sustanciales en la vida de la sociedad en su conjunto oír todas las voces, ya que es en este intercambio de opiniones y pareceres, donde sean atendidas todas las alternativas, desde donde podemos construir un modelo de convivencia democrática para llevar a cabo los cambios y transformaciones necesarios. El proyecto del Gobierno Nacional no involucra solamente a una franja determinada de nuestra juventud al introducir un cambio de habito en la práctica electoral argentina, su alcance es mucho más profundo ya que genera una modificación de las pautas culturales, sociales y políticas de nuestro país a la par que recorre y modifica el interior del concepto vital de lo que es una democracia y cuál debe ser el espíritu que anima su praxis. Por lo tanto esta ampliación de derechos que nos involucra a todos y en especial al sistema político que los argentinos hemos elegido bajo el cual vivir requiere que unifiquemos los criterios que permitan establecer los derechos y las obligaciones jurídicas de la franja de ciudadanos entre 16 y 18 años, para lo cual debemos abrir las consultas pertinentes y el debate al respecto, un debate en el que se escuchen las voces de los jóvenes y también la de todos aquellos que puedan aportar elementos validos que nos permitan la construcción de un proyecto amplio que contenga también los otros derechos, los que parecen estar ausentes del proyecto oficial. El gobierno nacional ha instalado el tema en su forma con la pretensión de que el Congreso de la Nación lo apruebe sin tener en consideración ninguna opinión que no sea la del propio Poder Ejecutivo, sin consultarlo con el arco de la ciudadanía y sin realizar ningún análisis previo acerca del tema, olvidándose la sustancia del contenido donde lo que está en juego no son solo derechos electorales sino también la misma dignidad de quienes se pretende alcanzar con este proyecto. Creo que es esta una excelente oportunidad para que nuestra democracia abra los vastos recursos participativos que posee, para que se implemente el debate profundo en aras de la construcción de un sistema más justo, más participativo y más igualitario. Caso contrario continuaremos resbalando entre los limites que establece una institucionalidad de fachada y el desaliento de un vasto sector de nuestra población sometidos al desempleo, el hambre y el olvido por parte de un Estado que se empeña en imponer su voluntad sin querer escuchar otras voces que no sean las concordantes con sus pareceres y decisiones políticas.

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