lunes , 22 octubre 2018

Ahora Nación exige a Santa Cruz que los estatales paguen más impuesto a las ganancias

Luego de no cumplir con el Consenso Fiscal 2017, Cambiemos promete que si la Provincia firma una adenda, entonces va a transferir los fondos para cubrir el déficit previsional. A cambio, Santa Cruz debe aceptar que más empleados públicos sean alcanzados por el impuesto las ganancias.

 

En 2017 el gobierno de Alicia Kirchner firmó el Consenso Fiscal bajo amenaza de quedarse sin los aportes para el déficit de su caja de jubilaciones, pero seis meses más tarde la Nación rompió el acuerdo cuando eliminó el Fondo Federal Solidario que estaba garantizado en el acuerdo.

Cuando la Provincia todavía no se recupera de ese golpe, que significa 145 millones menos durante este año y otros 5000 millones menos para 2019, ahora la alianza Cambiemos sacó una addenda del Consenso Fiscal, que de firmarse, traerá durísimas consecuencias para las alicaídas arcas santacruceñas y el bolsillo de los empleados municipales y de la administración central.

Con estas nuevas “exigencias” el panorama se ensombrece aún más y a diferencia de lo que pasó durante las negociaciones de la reforma al pacto fiscal del año pasado, el Gobierno ya dio muestras de no estar dispuesto a firmar de nuevo.

No es para menos; también esta vez la invitación viene condicionada: De firmar, los empleados públicos van a pagar más Impuesto a las Ganancias, caso contrario la Nación saca la doceava parte de los fondos para cubrir el déficit de la Caja de Previsión Social y, como si esto fuera poco, piensan quitar el tres por ciento del impuesto a los sellos.

El vicegobernador Pablo González dijo ayer en una entrevista en el canal C5N que la addenda “establece aumentar la base imponible sobre rubros que cobran profesionales y empleados de la administración pública, que a partir de este momento van a empezar pagar más ganancias”.

Contó que incluso habló del tema con la gobernadora Kirchner, que le puso de ejemplo la situación de un piloto de avión sanitario que ahora pasará a tributar por esos viáticos, o lo que esta decisión de Cambiemos va a significar para los esfuerzos por atraer profesionales de la salud a la provincia.

El ministro de Gobierno, Fernando Basanta ejemplificó que los municipales de Río Gallegos que cobren más de $32.000 “tributarán ganancias y los barrenderos o recolectores de basura que hagan horas extras comenzarán a tributar este impuesto”.

También opinó Alejandro Garzón, que le dijo a TiempoSur que “el salario no es ganancia y todas las mejoras que uno puede alcanzar en el marco de una negociación paritaria es para mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores”. En este sentido, el Secretario General de ATE, que nuclea al grueso de la administración central, se mostró sorprendido y calificó de “injusta” la exigencia porque “los jueces no pagan (ganancias) y tampoco se paga aportes patronales y otra cosa es que Macri incumple una vez más su propuesta de campaña”.

La idea de que el Poder Judicial empiece a tributar fue un planteo que hicieron los ministros de Economía de las provincias opositoras, entre ellos Ignacio Perincioli, en las rondas en las que el Gobierno nacional simuló una negociación con las Provincias antes de que finalmente se conociera el Presupuesto 2019. La respuesta fue silencio stampa y ni los medios alineados al poder central hablaron de la posibilidad de que un sector de altos ingresos como el judicial, deje de estar eximido.

¿QUÉ DICE LA ADDENDA?

El Consenso Fiscal se firmó en noviembre de 2017 y Santa Cruz fue una de las primeras en aprobar la adhesión en su Legislatura.

A aquel acuerdo, la alianza Cambemos lo vendió como un paso hacia la armonización de las estructuras tributarias de las distintas jurisdicciones para “promover el empleo, la inversión y el crecimiento económico”, tres indicadores que cayeron estrepitosamente durante todo este año.

Sin embargo ahora, la alianza que preside Mauricio Macri le dice a las provincias que a partir del segundo trimestre de este año la situación del país empeoró, no por decisiones en su política econímica, sino porque “se presentaron nuevas circunstancias en el contexto internacional, con una mayor volatilidad en los mercados financieros”.

El gobierno de Cambiemos reclama que los empleados o funcionarios públicos nacionales, provinciales o municipales deduzcan el impuesto a  las ganancias también de los gastos de representación, viáticos, movilidad, bonificación especial, protocolo, riesgo profesional, coeficiente técnico, dedicación especial o funcional, responsabilidad jerárquica o funcional, desarraigo y cualquier otra compensación de similar naturaleza, cualquiera fuere la denominación asignada.

También alcanza a las actividades de ahorro, de crédito o financieras o de seguros y de reaseguros de entidades cooperativas y mutuales.

En cuando al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, prevé la posibilidad de incrementar el límite de gasto público corriente primario neto pero sólo a aquellas jurisdicciones cuyo gasto en 2018 hubiere variado menos que el Índice de Precios al Consumidor.

Justamente fue Santa Cruz una de las provincias que reclamó a la Nación que dejase de exigir el recorte al gasto público para, en contrapartida, trabajar sobre los recursos de cada jurisdicción. También se incluyen modificaciones en cuanto al impuesto a los bienes personales, el impuesto a los sellos.

A cambio, la Nación se compromete -de nuevo- a incluir en el Presupuesto 2019 un artículo en el que se prevea que la ANSES va a trasferir mensualmente a las provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales “en concepto de anticipo a cuenta, el equivalente a una doceava parte del último monto total del déficit”.

Desde el Gobierno provincial advirtieron ayer que a esto “no lo podemos firmar porque sería avanzar contra el poder adquisitivo de todos nuestros trabajadores públicos, no solo provinciales sino también municipales”.

Así, por estas horas en la administración provincial hay sorpresa respecto del silencio que hay entre los jefes comunales y algunas comisiones de fomento, situación que para muchos se sostuvo incluso con la eliminación del Fondo Soja.

 

 

 

 

 

 

(iF)Tiempo Sur

Ver también

CGT confirmó un nuevo paro general: será de 36 horas y con movilización

El quinto paro general contra el Gobierno de Macri sería en noviembre. “La CGT no …